Por Mariano Duna
La
falta de un comunicado oficial de la Universidad de Buenos Aires tras la denuncia
realizada por una ex alumna del CNBA nos lleva a reflexionar sobre el rol que
terminan asumiendo las instituciones frente a casos de abusos sexuales.
Testimonios
Al observar la
repercusión que tuvo en los medios la denuncia de la ex alumna de la promoción
2010, nos sorprende el poco énfasis que se ha puesto en la necesidad de que la
UBA aporte precisiones sobre el tipo de vinculación que tiene o ha tenido con
el denunciado, a quien indistintamente se alude como “profesor/tutor”, “docente” o “coordinador
de viajes de estudio”. Creemos que la comunidad educativa en su
conjunto merece conocer la palabra oficial de la Universidad sobre estos
viajes, puesto que independientemente de la cuestión (para nada menor) de quién
los organizaba, formaban parte de una tradición de las escuelas medias de la
UBA en la que a lo largo de más de 20 años participaron cientos de estudiantes
y decenas de docentes.
Un poco menos
sorprende la ausencia de testimonios de la empresa que participaba en la
organización de estos viajes, o la falta de una indagación sobre si en las
escuelas de la UBA se cumple con las pautas que establece la Ley 25599 de
Turismo Estudiantil.
Sí conocemos, sin embargo, detalles
escabrosos de las diferentes maneras en las que el denunciado abusó de una
adolescente. Esta joven, hoy adulta, pudo valientemente y tras mucho esfuerzo
realizar una denuncia formal y revelar algo que -ahora se sabe, gracias a ella-
era un secreto a voces.
Silencios
Ahora bien, ¿cómo
podemos interpretar el silencio de la UBA? Por un lado, sabemos que una
denuncia formal implica la puesta en marcha de una maquinaria judicial, con
lógicas y tiempos que le son propios. Desde este punto de vista, la falta de un
comunicado oficial por parte de las autoridades de la UBA podría ser
interpretada como un signo de cautela a la espera de la actuación de la
Justicia, o incluso como un otorgamiento del beneficio de la duda al
denunciado, ya que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo
contrario”, según reza el aforismo leguleyo. Sin embargo, esta última
posibilidad carecería de sentido si tenemos en cuenta el especial cuidado que
la denunciante tuvo en todo momento para evitar la identificación directa del
denunciado.
Por su parte, la
falta de declaraciones al respecto por parte de la empresa de turismo
involucrada podría ser interpretada como una muy simple forma de evitar
publicidad negativa. Sea cual fuera el caso, el silencio de ambas instituciones
es lo que nos otorga la posibilidad de realizar estas especulaciones.
Lo público y lo privado
Intuimos que la
falta de declaraciones oficiales revela algo más que una posible intención de
espera u ocultamiento. Nuestra hipótesis es que el silencio de las
instituciones -sea una universidad, una empresa o incluso una familia- ante
denuncias de abusos no hace más que pretender reforzar una mirada que hoy,
gracias a los movimientos de mujeres, sabemos que no es correcta: la
perspectiva que supone que un abuso sexual es algo perteneciente al ámbito
privado.
Hay algo de
consolatorio en el hecho de suponer que la circunstancia denunciada por la ex
alumna del CNBA tiene como único responsable al “pelado de Tilcara”, al tiempo
que hay una estructura institucional que se mantiene indemne.
Este mismo efecto
de sentido se ve reforzado por un movimiento inverso y complementario
potenciado por los medios y las redes sociales: mientras que los actos de abuso
“privados”, “íntimos” o “particulares” salen a la luz, las circunstancias
“públicas” (en este caso, quién contrata a quién , de qué manera, para qué,
etcétera) se ocultan. El detalle no es menor, ya que son las circunstancias
públicas (asignaciones de funciones y roles, determinación de lugares y
contextos, por ejemplo) las que amplifican la dimensión de los abusos
“privados” y los sitúan en un plano político.
Culpa y responsabilidad
“El problema de
la violencia sexual es político, no moral”, explica Rita Segato en una entrevista.
El silencio de la UBA parece obviar este principio. Hay una responsabilidad
institucional sobre la que debemos hacernos cargo: ¿cómo cuidamos a los y las
jóvenes? ¿Qué proyectos les ofrecemos? ¿Cómo aseguramos el cumplimiento de sus
derechos? ¿Qué hacemos si algo no sale como estaba planeado?
No es lo mismo
culpa que responsabilidad: la UBA debería sincerar sus limitaciones para poder
comenzar a pensar seriamente en la cuestión del cuidado, condición
indispensable para que la educación sea posible. No pretendemos una
autoflagelación sino el reconocimiento de que cuando las instituciones y los
adultos abandonamos (por ignorancia o indiferencia) el lugar que nos
corresponde, colocamos a los y las jóvenes en una situación de desamparo.
Una vez
vulnerados los derechos, toda explicación que no sea una asunción de
responsabilidad orientada a cambiar el estado de una situación hasta ahora
naturalizada tiene siempre algo de cínico. Frente a este caso en particular, se
ha mencionado simplemente -entre otras afirmaciones similares- que el
denunciado era “coordinador
de una agencia contratada”. La Gaceta del Buenos Aires tuvo acceso a
un correo electrónico de diciembre de 2010 en el que queda en evidencia el
sentido común circulante en torno a la organización de este viaje y cómo se
configuraba la representación de este tradicional hito en la trayectoria
escolar:
Si bien la UBA ha realizado avances
en los últimos años en relación con las cuestiones de género -entre las medidas
adoptadas, podemos mencionar la elaboración de protocolos y la apertura de
oficinas para la recepción de denuncias- creemos que ante casos como éstos son
imprescindibles los pronunciamientos públicos que faciliten atender el problema
en clave política sin colocar el foco en las víctimas.