3 de mayo de 2019

¿Qué otorgan las instituciones cuando callan?


Por Mariano Duna

            La falta de un comunicado oficial de la Universidad de Buenos Aires tras la denuncia realizada por una ex alumna del CNBA nos lleva a reflexionar sobre el rol que terminan asumiendo las instituciones frente a casos de abusos sexuales.

Testimonios

Al observar la repercusión que tuvo en los medios la denuncia de la ex alumna de la promoción 2010, nos sorprende el poco énfasis que se ha puesto en la necesidad de que la UBA aporte precisiones sobre el tipo de vinculación que tiene o ha tenido con el denunciado, a quien indistintamente se alude como “profesor/tutor”, “docente” o “coordinador de viajes de estudio”. Creemos que la comunidad educativa en su conjunto merece conocer la palabra oficial de la Universidad sobre estos viajes, puesto que independientemente de la cuestión (para nada menor) de quién los organizaba, formaban parte de una tradición de las escuelas medias de la UBA en la que a lo largo de más de 20 años participaron cientos de estudiantes y decenas de docentes.
Un poco menos sorprende la ausencia de testimonios de la empresa que participaba en la organización de estos viajes, o la falta de una indagación sobre si en las escuelas de la UBA se cumple con las pautas que establece la Ley 25599 de Turismo Estudiantil.
            Sí conocemos, sin embargo, detalles escabrosos de las diferentes maneras en las que el denunciado abusó de una adolescente. Esta joven, hoy adulta, pudo valientemente y tras mucho esfuerzo realizar una denuncia formal y revelar algo que -ahora se sabe, gracias a ella- era un secreto a voces.

Silencios

Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar el silencio de la UBA? Por un lado, sabemos que una denuncia formal implica la puesta en marcha de una maquinaria judicial, con lógicas y tiempos que le son propios. Desde este punto de vista, la falta de un comunicado oficial por parte de las autoridades de la UBA podría ser interpretada como un signo de cautela a la espera de la actuación de la Justicia, o incluso como un otorgamiento del beneficio de la duda al denunciado, ya que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, según reza el aforismo leguleyo. Sin embargo, esta última posibilidad carecería de sentido si tenemos en cuenta el especial cuidado que la denunciante tuvo en todo momento para evitar la identificación directa del denunciado.
Por su parte, la falta de declaraciones al respecto por parte de la empresa de turismo involucrada podría ser interpretada como una muy simple forma de evitar publicidad negativa. Sea cual fuera el caso, el silencio de ambas instituciones es lo que nos otorga la posibilidad de realizar estas especulaciones.

Lo público y lo privado

Intuimos que la falta de declaraciones oficiales revela algo más que una posible intención de espera u ocultamiento. Nuestra hipótesis es que el silencio de las instituciones -sea una universidad, una empresa o incluso una familia- ante denuncias de abusos no hace más que pretender reforzar una mirada que hoy, gracias a los movimientos de mujeres, sabemos que no es correcta: la perspectiva que supone que un abuso sexual es algo perteneciente al ámbito privado.
Hay algo de consolatorio en el hecho de suponer que la circunstancia denunciada por la ex alumna del CNBA tiene como único responsable al “pelado de Tilcara”, al tiempo que hay una estructura institucional que se mantiene indemne.
Este mismo efecto de sentido se ve reforzado por un movimiento inverso y complementario potenciado por los medios y las redes sociales: mientras que los actos de abuso “privados”, “íntimos” o “particulares” salen a la luz, las circunstancias “públicas” (en este caso, quién contrata a quién , de qué manera, para qué, etcétera) se ocultan. El detalle no es menor, ya que son las circunstancias públicas (asignaciones de funciones y roles, determinación de lugares y contextos, por ejemplo) las que amplifican la dimensión de los abusos “privados” y los sitúan en un plano político.

Culpa y responsabilidad

“El problema de la violencia sexual es político, no moral”, explica Rita Segato en una entrevista. El silencio de la UBA parece obviar este principio. Hay una responsabilidad institucional sobre la que debemos hacernos cargo: ¿cómo cuidamos a los y las jóvenes? ¿Qué proyectos les ofrecemos? ¿Cómo aseguramos el cumplimiento de sus derechos? ¿Qué hacemos si algo no sale como estaba planeado?
No es lo mismo culpa que responsabilidad: la UBA debería sincerar sus limitaciones para poder comenzar a pensar seriamente en la cuestión del cuidado, condición indispensable para que la educación sea posible. No pretendemos una autoflagelación sino el reconocimiento de que cuando las instituciones y los adultos abandonamos (por ignorancia o indiferencia) el lugar que nos corresponde, colocamos a los y las jóvenes en  una situación de desamparo.
Una vez vulnerados los derechos, toda explicación que no sea una asunción de responsabilidad orientada a cambiar el estado de una situación hasta ahora naturalizada tiene siempre algo de cínico. Frente a este caso en particular, se ha mencionado simplemente -entre otras afirmaciones similares- que el denunciado era “coordinador de una agencia contratada”.  La Gaceta del Buenos Aires tuvo acceso a un correo electrónico de diciembre de 2010 en el que queda en evidencia el sentido común circulante en torno a la organización de este viaje y cómo se configuraba la representación de este tradicional hito en la trayectoria escolar: 


           
            Si bien la UBA ha realizado avances en los últimos años en relación con las cuestiones de género -entre las medidas adoptadas, podemos mencionar la elaboración de protocolos y la apertura de oficinas para la recepción de denuncias- creemos que ante casos como éstos son imprescindibles los pronunciamientos públicos que faciliten atender el problema en clave política sin colocar el foco en las víctimas.