Una oportunidad perdida

Por Mariano Duna

I

A lo largo de sus ya más de siete años de gestión al frente del Colegio Nacional de Buenos Aires, el Rector Gustavo Zorzoli ha optado por priorizar la búsqueda de consensos a través de un diálogo fluido con los estudiantes y los padres; salvo algunas excepciones, los docentes fuimos más bien relegados de este tipo de construcción.

Aunque en muchos aspectos resultó efectiva, esta forma de conducción seguramente sea una de las razones por las que en ninguna de las dos elecciones para designar representantes por el claustro docente ante el Consejo de Escuela Resolutivo que tuvieron lugar durante la gestión de Zorzoli, la lista que contaba con el visto bueno del oficialismo consiguió el primer puesto en cantidad de votos obtenidos.

Ahora bien, esta caracterización nos recuerda que no debería sorprendernos que Zorzoli no haya presentado ante el CER su “Proyecto de redefinición del uso del espacio colegial” y que haya preferido discutirlo con Jefes de Departamento y el Centro de Estudiantes. Su vocación, mucho más informalmente “dialoguista” que institucionalmente “democrática”, debe ser evaluada desde una mirada tanto pragmática como ideológica: ¿qué sentido tendría para un rector personalista como Zorzoli presentar un proyecto ante un Consejo en el que no cuenta con representantes propios y que, dicho sea de paso, ya le frenóuna reforma similar en 2017? Y fundamentalmente: más allá de la contextualización que realizamos, ¿sería correcto naturalizar o relativizar el desprecio del Rector al CER, órgano institucional de co-gobierno que tanto costó conseguir?

II

Los docentes que nos consideramos progresistas y críticos del modelo pedagógico y político vigente desde hace décadas en una institución como el CNBA nos encontramos en una encrucijada. Desde una mirada optimista –que algunos podrán tildar de ingenua o de condescendiente-, imaginamos que la implementación de un proyecto como el de “aulas por materia” ofrece el potencial de alentar la introducción de nuevas prácticas de enseñanza, reforzar el funcionamiento de los departamentos pedagógicos, estimular el trabajo interdisciplinario y generar en los estudiantes una mayor autonomía. Para colmo, el Proyecto surge a la par de la necesidad de disponer de un mayor número de aulas para aumentar la cantidad de alumnos ingresantes a la institución. ¿Cómo hace una persona que se pretende reformista para oponerse a este proyecto en particular, formulado además en un contexto general de ajuste y achique de las instituciones públicas?

Reconozcamos, empero, que hay varios motivos para hacerlo: en primer lugar, la estrategia del Rector de no presentar el proyecto en cuestión ante el CER, además de implicar un repudiable ninguneo, impidió mejorar la iniciativa mediante su tratamiento en comisión con la participación de todos los claustros involucrados; en segundo lugar, el Proyecto plantea una serie de definiciones sobre las funciones del personal docente que deberían ser analizadas junto a las representaciones gremiales a partir de lo establecido en el Convenio Colectivo para Docentes Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires (res. 1923/2017); en tercer lugar, se propone un cambio en las funciones de los preceptores sin brindar prácticamente precisiones en torno a la supervisión, el acompañamiento y la capacitación con la que deberían contar estos docentes, lo que pone en evidencia la falta de una perspectiva pedagógica en la gestión del Departamento de Alumnos; en cuarto lugar, la liviandad con la que el Rector propone desarmar el esquema de “tutorías académicas” de primero a quinto año con el que inició su gestión deja entrever la ausencia de definiciones respecto del modelo de tutoría con el que se pretende dar respuesta a una serie de problemáticas de la actual escuela secundaria. Esta enumeración podría continuar.

Y, sin embargo, más allá de todo lo dicho, el CNBA es un Establecimiento de Enseñanza Secundaria de la UBA (res. 4767/2008) y, por lo tanto, posee un carácter experimental y de comprobación pedagógica. Además,  en un ámbito educativo todo proyecto debe ser considerado en términos de su planificación, su implementación y su evaluación, en períodos de tiempo razonables. ¿Por qué no probar esta reforma durante este año, el último del rectorado de Zorzoli, y dejar que la próxima gestión administre la experiencia acumulada para el beneficio de toda la comunidad educativa, sin que pague por ello mayores costos?

III

A la vez afable y verticalista, fue el mismo Zorzoli quien impulsó -de una manera muy particular [ver artículo]- una discusión para reformar el Plan de Estudios del CNBA. Ese debate, que ocupó y preocupó a gran parte de la comunidad educativa durante la segunda parte de 2017, hoy parece estar olvidado al fragor de las nuevas discusiones que plantea el proyecto de aulas por materia.

En los dos casos, las metodologías empleadas por Zorzoli terminaron encontrando inesperados cómplices en la incapacidad de otros agentes institucionales -Consejo Académico, CER, representaciones gremiales o la disgregada Asociación Docente- para vehiculizar la voz, el saber y la experiencia de los docentes de una manera que no fuera corriendo detrás de una agenda impuesta de manera inadecuada. Ante la imposibilidad de construir consensos de una forma alternativa, participar activa y masivamente en las distintas discusiones o simplemente permitir que cada agente institucional se ocupe de forma complementaria de sus objetivos específicos, los docentes quedamos en medio de una disputa entre un rector que termina su mandato y un grupo de docentes que de forma corporativa parece querer cobrarse los más de siete años de destrato.

Desde luego que el avance de Zorzoli en la  implementación del Proyecto en cuanto a la modificación de aulas, la compra de materiales a través de la Asociación Cooperadora, la designación de personal docente y la matriculación de alumnos a primer año, sin haber dado participación a los órganos institucionales de co-gobierno, resultó, cuanto menos, irresponsable. Pero también es cierto que la coyuntura actual nos debería haber interpelado para aprovechar la oportunidad y separar el aserrín del pan rallado: la reforma del “cambio de aulas” –aún mal presentada, incompleta en su fundamentación y polémica en su implementación- hubiera permitido visualizar en el horizonte de lo pensable, lo posible y lo redituable, el inicio de reformas de mayor envergadura, más seriamente planificadas, profundamente discutidas y, sobre todo, democráticamente consensuadas.